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Hasta donde vamos, me parece que la diferencia crucial entre el gobierno de Álvaro Uribe y el de Juan Manuel Santos es que el primero estaba en contra de la justicia, y el de ahora está a favor. En los dos aspectos que tiene la justicia: tanto el institucional, de aparato y administración, como en el inmanente, esencial, de virtud cardinal que debe servir de guía para el ordenamiento general de las cosas.
En lo institucional, la animadversión de Uribe hacia la justicia se manifestaba en su tratamiento agresivo con las Cortes, en sus peleas públicas con sus magistrados, en las 'chuzadas' con que las espiaba el DAS (de las cuales a nadie le queda duda de que eran ordenadas por el 'número uno'); y ya desde el principio de su primer gobierno, en la disolución del Ministerio de Justicia para cometer la insensatez (o la astucia) de confiar al del Interior -el de la política- todos los mecanismos de su funcionamiento. Y es que Uribe tiene de la justicia una idea estrictamente utilitaria, y ancillar: debe ser un instrumento dócil al servicio del poder (cosa que, por otra parte, es hasta cierto punto inevitable: los jueces forman parte del poder). Por eso la única instancia judicial que le gusta a Uribe en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, dados su naturaleza y su origen políticos: el Congreso, y dentro del Congreso su propio Partido de la U. Por eso mismo ha mostrado su desprecio frente a los aparatos de justicia extranjeros, reclamando "inmunidad soberana" (como Pinochet en su día) para no declarar como testigo ante un tribunal norteamericano sobre los asesinatos de sindicalistas colombianos por cuenta de empresas multinacionales, o ante uno español sobre el espionaje del DAS a varias ONG de derechos humanos.Leer análisis completo
