VICTOR GUERRERO
SEMANA.COM.CO
La reciente admisión de la petición ecuatoriana contra el estado colombiano por la presunta violación del derecho a la vida del ciudadano de ese país -Franklin Aisalla-, ocurrida durante la operación Fénix que abatiera a Raúl Reyes el 1 de marzo de 2008, constituye una radical novedad dentro del sistema interamericano.
Tanto en el ámbito de las relaciones internacionales como en el de la protección de derechos humanos. Por primera vez en la historia de la Comisión Interamericana una petición estatal dirigida contra otro estado ha sido declarada admisible. Hasta ahora ningún estado había adoptado tal procedimiento y sólo peticionarios individuales eran usuarios del sistema. Esto significa que la reclamación no era ni manifiestamente infundada ni totalmente improcedente, como tantas veces lo sostuvo nuestro gobierno. Por el contrario, la misma se basa en un peritazgo alterno realizado por autoridades de Quito sobre las causas de la muerte de dicho ciudadano, en el que se constataron “lesiones traumáticas óseas en el cráneo de la presunta víctima como consecuencia de varios golpes infligidos por un agresor que se encontraba detrás suyo”, al cual se le otorgó plena credibilidad.
Leer noticia completa en SEMANA
