América Latina ha sido el ámbito de los mayores logros de la izquierda mundial en la primera década del siglo XXI. Esto es cierto en dos sentidos. El primero, y más evidente, ha sido el hecho de que los partidos de izquierda o centro-izquierda han ganado una importante serie de elecciones durante la pasada década. En conjunto y por primera vez, los gobiernos latinoamericanos han tomado distancias de Estados Unidos, y, en gran medida, América Latina se ha convertido en una fuerza geopolítica relativamente autónoma en la escena mundial.
Pero hay un segundo sentido en el que América Latina ha registrado los mayores éxitos de la izquierda mundial: los movimientos de las poblaciones indígenas de América Latina se han afirmado políticamente en casi todos los países, y han exigido su derecho a organizar su vida política y social de manera autónoma. Este movimiento saltó a las primeras páginas de la prensa de todo el mundo con el espectacular levantamiento neozapatista en el estado mexicano de Chiapas, en 1994. Lo que ha sido menos aparente es la aparición de movimientos similares en toda América Latina y el grado en que se ha ido creando una red interamericana de estructuras organizativas locales.
El problema estriba en que los dos tipos de izquierda -los partidos que han alcanzado el poder en los distintos Estados y los movimientos indigenistas de algunos de ellos- no tienen los mismos objetivos y utilizan un lenguaje ideológico muy distinto.
Los partidos se han puesto como principal objetivo el desarrollo económico, tratando de lograrlo, al menos en parte, mediante un mayor control de sus propios recursos y unos mejores acuerdos con las empresas y los gobiernos extranjeros, y las instituciones intergubernamentales internacionales. Persiguen el crecimiento económico, argumentando que sólo de esta manera mejorará el nivel de vida de sus ciudadanos y lograrán una mayor igualdad.
Los movimientos indigenistas han tratado de conseguir un mayor control sobre sus propios recursos y una mejora de las relaciones no sólo con los actores no nacionales, sino también con sus propios gobiernos nacionales. En general, afirman que su objetivo no es el crecimiento económico, sino llegar a un acuerdo con la Pachamama, o madre tierra. Aseguran que no buscan una mayor utilización de los recursos, sino un uso mucho más sensato que respete el equilibrio ecológico: persiguen el denominado buen vivir.
No es de extrañar que los movimientos indigenistas se hallen firmemente opuestos a los escasos gobiernos conservadores de América Latina, como México, Colombia y Perú. Sin embargo, cada vez más abiertamente, estos movimientos también han entrado en conflicto con los gobiernos de centro-izquierda como Brasil, Venezuela, Ecuador e incluso Bolivia.
Y cito aquí Bolivia porque es el único gobierno que ha elegido a un presidente indígena con el apoyo masivo de la población indígena del país. Y sin embargo, ha habido conflicto. Como en otros lugares, en Bolivia se trata de cómo se desarrollan los recursos naturales, quién toma las decisiones y quién controla los ingresos.
Los partidos de izquierda tienden a acusar a los grupos indigenistas que entran en conflicto con ellos de ser, a sabiendas o no, los peones (si no los agentes) de los partidos de la derecha nacional, y de determinadas fuerzas externas, en particular de Estados Unidos. Los grupos indigenistas que se oponen a los partidos de izquierda insisten en que actúan únicamente en defensa de sus propios intereses y por propia iniciativa, y acusan a los gobiernos de izquierda de actuar como los gobiernos conservadores de antaño, sin tener en cuenta realmente las consecuencias ecológicas de sus actividades en pro del desarrollo.
Algo interesante ha sucedido recientemente en Ecuador. Allí, el gobierno de izquierdas de Rafael Correa, que había alcanzado el poder inicialmente con el apoyo de los movimientos indigenistas, entró luego en agudo conflicto con éstos. El mayor distanciamiento se produjo con las intenciones del gobierno ecuatoriano de explotar campos petrolíferos en una reserva amazónica protegida llamada Yasuní.
Inicialmente, el gobierno hizo caso omiso de las protestas de los habitantes indígenas de la región, pero más tarde, el presidente Correa inventó una alternativa ingeniosa. Propuso a los gobiernos ricos del Norte que, a cambio de que el Ecuador renunciara a cualquier explotación en el Yasuní, estos gobiernos de los países ricos compensasen a Ecuador por esta renuncia, al considerar que se trataba de una contribución a la lucha mundial contra el cambio climático.
Cuando hizo su propuesta por primera vez en la Cumbre del Clima de Copenhague, en 2009, todos la consideraron una fantasía. Pero después de seis largos meses de negociaciones, cinco gobiernos europeos (Alemania, España, Bélgica, Francia y Suecia) han acordado crear un fondo que será administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que financiará a Ecuador por no explotar el Yasuní, con la justificación de que con ello se contribuye a la reducción de las emisiones de carbono. Se habla de inventar un nuevo verbo, yasunizar, para referirse a este tipo de acuerdos.
Pero, ¿cuántos acuerdos de este tipo se pueden cerrar? Hay un problema más fundamental en juego. Es la naturaleza del "otro mundo (es) posible", para utilizar el lema del Foro Social Mundial: ¿sería un mundo basado en un crecimiento económico constante, aún siendo éste “socialista", que pretendiese elevar el ingreso real de las personas en el Sur global?, ¿o sería lo que algunos llaman un cambio de valores de civilización, un mundo de buen vivir?
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