Las cosas pueden hacerse bien, regular o mal. En el caso del presupuesto para Defensa no se podían hacer peor, a pesar de que las decisiones del gobierno de José Mujica parecen ir en el sentido de corregir algunos de los errores del pasado. Suena mal, en efecto, la falta de debate abierto sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la sociedad, lo que debería ir de la mano de la definición, como mínimo, de alguna hipótesis de conflicto y del modo como se piensa encarar. Aspirar a que en Uruguay se defina una estrategia nacional de defensa como la que implementó el gobierno de Lula en Brasil parece hasta absurdo, ya que nadie sabe con certeza qué hay que defender y ante quiénes.
Prueba de que este debate no existe ni siquiera en la fuerza de gobierno es que el diputado frenteamplista Jorge Orrico manifestó que a los diputados “nadie les dijo nada” sobre la propuesta de convertir 1.500 soldados en policías, recientemente formulada por el presidente. También los mandos militares se enteraron de los cambios que promueve el presupuesto cuando éste ya había ingresado a Cámara. Para corregir el entuerto, Mujica abrió un período de negociación de 15 días con las Fuerzas Armadas, lo que revela que hubo alguna dosis de desprolijidad.
La segunda cuestión se relaciona con lo que verdaderamente se está discutiendo y que dio lugar a malestar entre los militares y a las respuestas de Mujica en su audición radial. Migajas. El eje del reclamo militar es, aparentemente, salarial. Los 70 coroneles que desoyeron al comandante del Ejército, Jorge Rosales, y se reunieron en el Círculo Militar para ejercer presión (“se va haciendo acumulación de fuerza”, dijo el coronel retirado Gonzalo Pérez, según el diario El País) no lo hicieron para equipar al arma correspondiente para combatir el narcotráfico, por ejemplo, sino que rompieron la cadena de mando para arrebañar pesitos.
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