Estados Unidos se preocupó a principios de año por la posibilidad de que empresas norteamericanas sufran sanciones por el endurecimiento de la política argentina respecto de las firmas que exploren o colaboren en la exploración de hidrocarburos en la cuenca de las islas Malvinas autorizada en forma unilateral por el Reino Unido. El Departamento de Estado llegó a requerir opinión a sus funcionarios aquí sobre las chances de que el gobierno argentino u oficiales militares planeen acciones “solos o en acuerdo con aliados regionales como Venezuela”. Desde la embajada, le respondieron que la estrategia del Gobierno por Malvinas pasaba por endurecer el lenguaje, reclamar en los foros internacionales y escribir cartas de protesta, eventualmente aplicando sanciones económicas. Agregaba que los militares argentinos estaban “mal preparados” para iniciar una acción de ese tipo.
La información apareció ayer en el diario español El País, junto con los cables obtenidos por Wikileaks. El 29 de enero pasado, Elissa Pitterle, la directora de INR/OPS –la oficina de Inteligencia del Departamento de Estado que encabeza Hillary Clinton–, emitió un cable clasificado como “secreto” en el que solicitaba información a propósito de las nuevas prospecciones en el archipiélago. Recordaba que la firma británica Desire Petroleum había anunciado que contrataría a una empresa norteamericana para que le provea de la perforadora con la que pensaba buscar petróleo en la cuenca de Malvinas.
En el cable, sostienen que “los analistas” están interesados en medir la potencial respuesta argentina. Hasta llega a interrogar si es posible que el Gobierno lo vea como una oportunidad de afirmar sus reclamos sobre las islas y “use una posición belicosa como una forma de distraer al populacho argentino de los problemas económicos”. El resto del cable interroga sobre la posibilidad de una escalada que derive en un nuevo enfrentamiento bélico con el Reino Unido.
