REVISTA SEMANA/ANÁLISIS
En la madrugada del jueves, Caracol Radio despertó a sus oyentes con la información de que el gobierno del presidente Álvaro Uribe exhibiría pruebas irrefutables de la presencia de comandantes de las Farc y el ELN en territorio venezolano. La noticia dejó a más de uno frío. No tanto por su contenido -es vox pópuli que varios jefes de la guerrilla se pasean como Pedro por su casa en Venezuela- sino por el momento escogido para hacer pública la evidencia.
El día anterior, el presidente Hugo Chávez había autorizado una reunión entre su ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, y la canciller designada María Ángela Holguín. Crecía la expectativa de que Chávez asistiría a la posesión de Juan Manuel Santos, otrora su más férreo crítico. Y Holguín había reiterado que su prioridad era lograr la normalización de las relaciones con los vecinos.
No hay que ser un experto en asuntos internacionales para anticipar que la denuncia colombiana contra el gobierno venezolano iba a alborotar el avispero y desencadenaría una reacción a todo volumen del régimen chavista. Había ocurrido en el pasado una y otra vez. Como un marido infiel, no hay nada que indigne más a Chávez que lo acusen de ser colaborador de la guerrilla. Menos de 24 horas después de la rueda de prensa del ministro de Defensa Gabriel Silva en la que se detalló la localización de los jefes de las Farc Iván Márquez, Rodrigo Granda, Timochenko y Grannobles, ya Venezuela había llamado a consultas a su embajador y Chávez había insultado a Uribe, a quien describió nuevamente como un "mafioso".
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