La República Perú/Infolatam
Poco a poco, la batalla por la legalización de las drogas va
abriéndose camino y haciendo retroceder a quienes, contra la evidencia
misma de los hechos, creen que la represión de la producción y el
consumo es la mejor manera de combatir el uso de estupefacientes y las
cataclísmicas consecuencias que tiene el narcotráfico en la vida de las
naciones.
Hay que aplaudir la valerosa decisión del gobierno de Uruguay y de
su presidente, José Mujica, de proponer al Parlamento una ley
legalizando el cultivo y la venta de cannabis. De ser aprobada –lo que
parece seguro pues el Frente Amplio tiene mayoría en ambas cámaras y,
además, hay diputados y senadores de los partidos de oposición, Blanco y
Colorado, que aprueban la medida–, ésta infligirá un duro revés a las
mafias que, de un tiempo a esta parte, utilizan a ese país no sólo
como mercado de la droga sino como una plataforma para exportarla a
Europa y Asia. Esta ley forma parte de una serie de disposiciones
encaminadas a combatir la “inseguridad ciudadana”, agravada de un
tiempo a esta parte en Uruguay, al igual que en toda América Latina,
por la criminalidad asociada al narcotráfico.
