Infolatam.
El despliegue militar brasileño el pasado agosto de más de 9.000
tropas equipadas con helicópteros de combate, navíos de guerra,
patrulleros, aviones caza, vehículos blindados y aviones no tripulados (drones)
a lo largo de sus fronteras con Paraguay, Argentina, Bolivia y Uruguay,
en la operación denominada ‘Ágata 5’, tuvo como objetivo declarado
reprimir la “criminalidad” -y especialmente el tráfico de drogas- y
“reforzar la presencia del Estado” en las cuencas del Plata y el Paraná.
América Latina se precia de ser una de las regiones del mundo
que menos conflictos bélicos ha tenido en su historia por litigios
fronterizos. La última guerra de cierta envergadura entre
países latinoamericanos fue la del Chaco, entre Bolivia y Paraguay, en
los años treinta del siglo pasado. Desde entonces, los diferendos
territoriales en la región han tendido a resolverse apelando a
instancias arbitrales como la Corte Internacional de La Haya, como
ocurre actualmente entre Chile y el Perú.
Sin embargo, en los últimos años varias fronteras en la región han comenzado a generar crecientes tensiones
internacionales por el aumento de la presencia de un actor especialmente
peligroso: el crimen organizado. Entre las principales
“fronteras ardientes” por la convergencia del narcotráfico, el
contrabando y las guerrillas están la “triple frontera”, que comparten
Argentina, Paraguay y Brasil; la de Brasil con Venezuela, la de
Guatemala con México; la de Colombia con Ecuador y, sobre todo, la de
Colombia con Venezuela.
En las zonas más remotas, como en las fronteras brasileñas del norte,
etnias indígenas como las de los yanomami son víctimas de las
incursiones de mineros ilegales y taladores de maderas valiosas para los
que los aborígenes resultan testigos incómodos de sus actividades.
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