ALAI
El
6 de septiembre de este año inició la 14ª ronda de negociaciones de la
Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) que, según el
presidente Obama, constituiría el modelo de acuerdo comercial “de alto
nivel” para el nuevo siglo, que pronto podría aplicarse en todo el
mundo. En estas negociaciones han venido participando nueve países que
bordean el océano Pacífico: Estados Unidos, Perú, Chile, Australia,
Nueva Zelandia, Brunei, Malasia, Singapur y Vietnam. En la última
ronda, en julio, se aceptó en principio el ingreso de los otros dos
socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte -Canadá y
México- con lo cual el TPP podría convertirse en una especie de TLCAN
ampliado y reforzado. Japón también ha expresado interés por ingresar,
pero no ha realizado aún un pedido formal, debido, entre otras razones, a
la oposición que enfrenta internamente. Toda vez, estos tres países
–como otros que se sumen luego- no podrán incidir en el contenido de las
negociaciones.
De
lo poco que se conoce al respecto –pues los documentos de negociación
se mantienen bajo estricta reserva- el TPP es un modelo altamente
preocupante, pues va aún más allá de la mayoría de tratados
precedentes. Exigirá la modificación de numerosas leyes internas de los
países signatarios respecto a derechos de propiedad intelectual,
inversión y protección ambiental y otros temas. Permitiría a las
empresas extranjeras enjuiciar a países soberanos si imponen
restricciones que afecten sus intereses. Amenazaría el acceso a
medicamentos esenciales en los países en desarrollo, y haría peligrar el
libre acceso a la información en Internet. Pero sobre todo, el TPP se
negocia con una falta total de transparencia, que hace que la ciudadanía
no pueda opinar sobre decisiones fundamentales que comprometerían a sus
respectivos países y su soberanía durante las próximas décadas.
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