La selva amazónica albergará, si las movilizaciones no lo impiden, la tercera mayor central hidroeléctrica del mundo, sólo por detrás de la china de Tres Gargantas y de Itaipú, en la frontera de Brasil y Paraguay. El pasado martes, después de una larga y compleja batalla judicial, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva conseguía sacar adelante la licitación de la central de Belo Monte, que, con una inversión de 19.000 millones de reales (unos 8.000 millones de euros), comenzará a funcionar en 2015.
Los ecologistas y las comunidades indígenas que se verán afectadas por las alteraciones del río Xingu, uno de los más importantes de la Amazonia, llevan tiempo alertando de los riesgos de un proyecto que se concibió hace 30 años, durante la dictadura militar, y fue retomado por Lula, en el marco de su ambicioso Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC). "La presa de Belo Monte implicará construir dos grandes canales más largos que el Canal de Panamá y provocará el desplazamiento de 50.000 personas", resume Iuri Charles Paulinho, del Movimiento de Afectados por las Presas (MAB, en sus siglas en portugués). Según esta y otras ONG, el proyecto modificará el nivel del río Xingú y de uno de sus principales afluentes, el Bacajá, y afectará directamente a, al menos, dos reservas indígenas.
