Fander Falconí/Julio Oleas
REBELIÓN
Un acuerdo de libre comercio entre Ecuador y la Unión Europea (UE) sería letal para la estrategia de desarrollo endógena y para una inserción inteligente en el sistema internacional, perseguida por el gobierno ecuatoriano. La Constitución ecuatoriana y los documentos programáticos enfatizan la opción de un desarrollo propio. El TLC con la UE (que no otra cosa es el llamado acuerdo “multipartes”) implicaría un cambio radical de estrategia que dejaría al Ecuador a merced de las transnacionales europeas y de los especuladores globales.
Desde hace pocos días, el Ecuador sufre una abrumadora presión mediática dirigida por las grandes cámaras de la producción y comercio, secundadas por varios medios de comunicación que actúan como caja de resonancia. El objetivo es convencernos de que no existe política comercial y que un TLC con Europa solucionaría el déficit de la cuenta corriente y atraería la inversión extranjera directa (IED). Cualquier persona con una pizca de intuición se dará cuenta de que si se liberan las aduanas de dos espacios económicos el ganador será el de mayor productividad, o sea, el déficit de cuenta corriente se agravará, poniendo en peligro la dolarización. Y más IED no es garantía de más desarrollo, más todavía si el objetivo son economías de enclave como la minería o actividades monopolísticas que irían a parar al control extranjero.
Los sectores que presionan por el TLC con la UE omiten que los TLC son mucho más que tratados de comercio, pues implican sumisiones geopolíticas y disciplinas sociales que sólo competen a cada país de manera soberana, no a una potencia extranjera y menos a un orden internacional moldeado por los intereses de las empresas transnacionales. Olvidan que la IED, bajo las condiciones que quieren imponer los europeos, es uno de los mecanismos del desarrollo dependientes que permite que "recirculen" los excedentes de capital del centro de los países ricos bajo condiciones privilegiadas.
Enfrentar la agresión que constituyen los TLC es una tarea constante de la práctica política. Lo fue antes de 2007 y lo es ahora, porque esos grupos de poder quieren hacer un by pass a la Constitución de la República aprobada por amplia mayoría ciudadana en 2008. Son los mismos grupos que ya intentaron imponer, sin beneficio de inventario, el TLC con EEUU. Esa negociación se inició en el gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2005), fue un proceso carente de legitimidad, conducido de forma vertical por un puñado de sectores empresariales que saldrían favorecidos.
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